La transición hacia una economía circular requiere cambios tanto en los sistemas
productivos como en las prácticas y patrones de consumo de todos los actores de la
sociedad, incluida la administración pública. La compra y contratación pública, como expresión de la administración como consumidora, representa un instrumento importante para conseguir este nuevo modelo productivo y de consumo más sostenible, por su impacto y poder tractor sobre el mercado.